El director general de Viajeros de Renfe, Enrique Urkijo, ha asegurado este viernes que el servicio ferroviario en la región está resintiéndose de la huelga que mantienen la veintena de interventores movilizados por Comisiones Obreras (CCOO), puesto que éstos están llevando a cabo una actitud con la que están perjudicando a los ciudadanos, sólo por el mero hecho de cobrar 350 euros más al mes o reducir su jornada laboral de 1.720 horas a 1.548 horas, por lo que tendrían 18 días más de vacaciones.

Durante una rueda de prensa celebrada en Mérida, el responsable ha afirmado que de ninguna manera se va a ceder a este “chantaje”, puesto que los interventores, según el convenio que tiene firmado la Junta de Extremadura y RENFE, cobran ya la nada desdeñable cifra de 40.000 euros al año, por lo que consideran esta huelga como “ilegal”.

Por ello, ha remarcado que, aún así, sin interventores, se va a intentar ofrecer un servicio de calidad a los extremeños, como muestra de que la empresa pública “tiene clara su apuesta por Extremadura”, un servicio que se ha visto deteriorado por tres motivos concretos. El primero de ellos ha sido y es la paralización "sin aviso previo" de la línea que parte de la localidad pacense de Cabeza del Buey. “Han dejado tirados a los ciudadanos”, lamentó.

A ello, ha añadido los paros de seis horas correspondientes a la huelga convocada por CCOO durante los lunes, miércoles, viernes y domingos, y el aumento del absentismo laboral que, en el caso de Mérida, ha pasado de tener un 5% hasta el pasado mes de julio, a un 20% desde el inicio del conflicto, por lo que, hoy en día, 5 de los 20 interventores están de baja.

A la vista de este panorama, Urkijo ha destacado que si “desde mañana” cesan estas causas, RENFE podrá prestar de nuevo sus servicios con total normalidad, puesto que "no hay ninguna operación maquiavélica en cubierta", apuntó el responsable haciendo referencia a que desde ciertos sectores ya se han atrevido a decir que se trata de una estrategia para que las líneas extremeñas sean calificadas de “deficitarias” y el Ministerio de Fomento tenga así una excusa para eliminarlas. Lejos de la realidad, teniendo en cuenta el esfuerzo “importantísimo” que está haciendo la Junta de Extremadura a la hora de dotar de ferrocarril a los extremeños.

Prueba de ello es que la Administración autonómica cubre el 91,33% del servicio, mientras que el 8,67% restante se recoge de los ingresos, es decir de los propios billetes. Por ello, se ha mostrado indignado con la actitud tomada por el sindicato, ya que ha decidido hacer huelga, cuando el pasado 1 de julio entró en vigor el nuevo convenio colectivo firmado entre los trabajadores y RENFE en el seno del Comité de Empresa.

Tal y como ha detallado Urkijo, CCOO no estaba de acuerdo con este convenio, por lo que fue ahí donde se desencadenó el "conflicto". Precisamente, ha recalcado que ese mismo día un interventor de Cabeza del Buey decidió, "sin previo aviso", dejar de prestar sus servicios alegando, según palabras del director general de Viajeros de Renfe, que el hotel donde debía alojarse no se atenía a las condiciones del convenio colectivo, en el que se deja patente que deben tener tres estrellas.

Sin embargo, de forma irónica, el responsable de la empresa pública ha detallado que en dicho establecimiento llevan durmiendo maquinistas e interventores desde hace diez años, motivo por el cual, y como era de esperar, se comenzaron a abrirse los correspondientes expedientes y de ahí que, el 25 de julio, el sindicato anunciara oficialmente la huelga, eligiendo para ello las horas que “más daño” hacen al cliente.

Exigencias.

Urkijo considera un “chantaje” lo que solicitan los interventores, ya que exigen un aumento de sueldo al mes de 350 euros o sino piden la contratación de dos compañeros más, lo que supondría que pasaran de trabajar 1.720 horas a 1.548, es decir, que cada uno de ellos tuviera 18 días más de vacaciones. Esto es algo inaudito, teniendo en cuenta que a principios de este año se les ha subido el sueldo y que cada uno de estos trabajadores cobra una media anual de 40.000 euros, mientras que de cada 15 días de trabajo: 7 están a bordo, tres en reserva y cinco descansan.

”Vamos a defender los intereses de los extremeños y los del resto de los españoles”, aseguró el responsable de la empresa pública, quien considera que los interventores “viven en una burbuja al margen de lo que ocurre en el país”, dijo en alusión a la grave crisis que atraviesa España.

Además, Urkijo ha querido aclarar que esta situación que va a hacer que el servicio ferroviario sufra 53 días de huelga con el perjuicio absoluto que esto conlleva para todos los ciudadanos, por lo que el acercamiento entre RENFE y los interventores está muy lejos de lograrse, teniendo en cuenta que éstos últimos exigen además cobrar los días en los que no han trabajado y que no se les abran expedientes.

“RENFE no decide dejar de prestar ningún servicio, lo decide la autoridad política autonómica o de Gobierno”, aclaró el responsable, quien ha recalcado que esta huelga de interventores “decae” la calidad de atención y de información al cliente, y produce un aumento de fraude debido a que habrá gente que suba al tren sin comprar el billete. Eso sí, no afecta a la seguridad del servicio, puesto que eso depende de los sistemas establecidos y de los maquinistas.

Para finalizar, y dirigiéndose a los ciudadanos que tienen que “soportar” los paros y jornadas de huelga, ha asegurado que RENFE no va a permitir el "chantaje" de los que utilizan su "capacidad de hacer daño" para exigir. Según sus palabras, los servicios públicos tendrían que tener otro tratamiento porque afectan a la ciudadanía, por eso “vamos a trabajar con convicción a favor de los ciudadanos" para asegurar la calidad del servicio, “sin ceder al chantaje".